Despiden a una cuarta parte de los trabajadores de las fabricas nucleares

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Tras la cumbre del clima, el Gobierno envió a Bruselas el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC), una obligación que tienen todos los ejecutivos de la Unión Europea y que tenía que haberse remitido antes de finales del año pasado. En él se concreta la evolución prevista del sistema energético de España hasta 2030 y debe ser coherente con los objetivos de la UE de que, al menos, el 62 de la energía final consumida sea de origen renovable para ese año. El Gobierno de España ha estructurado un plan muy ambicioso en el que se compromete a que represente el 54 en dicha fecha; muy por encima del objetivo mínimo, lo que muestra su firme compromiso a favor de la transición energética y en la lucha contra el cambio climático.

El plan detalla cuál va a ser la evolución prevista de las distintas fuentes de energía y, entre ellas, la de una fuente enormemente polémica: la nuclear. Tal y como se había informado durante las semanas anteriores, el Gobierno y las compañías propietarias de las centrales nucleares han acordado un cierre escalonado de las mismas,ampliando unos años su funcionamiento pero disminuyendo su producción lo que repercute directamente en el despido de los trabajadores de las centrales nucleares.

En colaboración con Red Eléctrica de España

La vida de diseño de las centrales (40 años) marcaba teóricamente el cierre de todo el parque nuclear en 2022, pero finalmente el de la última de las centrales se producirá previsiblemente en 2025. Para 2026, ya habrán cerrado seis de los siete reactores en funcionamiento en España, tal y como contempla el PNIEC.

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Esta extensión de unos pocos años, que recordemos iba en contra del programa electoral del PSOE y de las opiniones iniciales de la ministra Ribera, se ha hecho por dos razones. La primera de ellas es evitar que el cierre nuclear provoque un aumento indeseado de las emisiones de CO2 por hacerse antes de que las energías renovables puedan sustituir a todas estas centrales. La energía nuclear produce residuos radioactivos muy peligrosos y tiene sus riesgos (estadísticamente muy pequeños, aunque potencialmente destructivos), pero no emite ni CO2 ni contaminantes atmosféricos, así que objetivamente es una energía descarbonizada más y tiene su utilidad en la lucha contra el cambio climático.

Los 7.400 MW de potencia nuclear, que producen energía más del 80 de las horas del año, debieran sustituirse por una potencia renovable (eólica o fotovoltaica) mucho mayor, del orden de cuatro veces más, acercándonos a 30.000 MW de potencia renovable. Instalar esos volúmenes requiere varios años y, además, en el horizonte tenemos el cierre de la mayoría de las centrales de carbón y una progresiva electrificación del transporte que requerirá más generación eléctrica, así que un cierre completo en 2023 parecía demasiado prematuro y probablemente hubiese llevado a tener que usar más intensamente los ciclos combinados de gas natural, que son emisores de CO2 (aunque menos que el carbón).

Las energías eólica y fotovoltaica ya son las energías más competitivas en costes, pero son inherentemente intermitentes y, por tanto, necesitan un respaldo de energía gestionable que permita responder a la demanda de los consumidores.

Como soluciones renovables gestionables tenemos las centrales hidroeléctricas, que generan más del 10 de la electricidad en España, y también de biomasa (aunque en España son muy escasas), pero no son suficientes por sí mismas para garantizar el suministro en todo momento, así que todavía necesitamos centrales convencionales. Para poder prescindir de ellas, necesitaremos mecanismos de almacenamiento (bombeos, baterías u otros), una ampliación de la interconexión con Europa y mecanismos de flexibilización de la demanda, pero todo esto requiere tiempo e inversión y 2028 está demasiado cerca. La prudencia, pues, aconsejaba replantearse el cierre nuclear de todas las centrales a los 40 años de funcionamiento.

Pero hay una segunda razón, tan importante como la primera: una vez se cierra una central nuclear, hay que desmantelarla y hay que gestionar sus residuos. Este coste, estimado en 14.300 millones de euros para todo el parque nuclear español, lo deben pagar las centrales a través de un impuesto específico, la tasa Enresa, actualmente fijada en 6,64€/MWh generado, que alimenta un fondo para tal fin. El problema es que actualmente hay menos de 6.000 millones de euros en ese fondo y cada una de las centrales paga unos 60 millones de euros anuales de media, por lo que de cerrar las centrales a los 40 años de funcionamiento el fondo hubiese sido claramente insuficiente. Alargando su tiempo de funcionamiento a 45-46 años por reactor se recaudarán 2.500 millones de euros adicionales, lo que reducirá el problema de la insuficiencia de fondos para el desmantelamiento.

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